Hace un tiempo tuve el honor de moderar una mesa redonda sobre la interpretación judicial en distintos países del mundo.

Como probablemente sabréis existe una directiva europea, la directiva 2010/64/UE: derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, que regula la interpretación en el ámbito penal y aconseja la elaboración de un registro de intérpretes judiciales. La directiva es de 2010 pero en España no se reguló hasta 2015 (Ley 5/2015). A pesar del registro, al haber licitaciones de por medio, no sé hasta qué punto se aplica la normativa.

En los procedimientos civiles la cosa queda muy vaga ya que no se exige la existencia de registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados, como sí sucede en lo penal, y no es necesario que quien interprete tenga el título de traductor-intérprete jurado ni ninguna otra formación universitaria en traducción, ni un nivel educativo particular. En mi opinión, eso puede implicar una vulneración del derecho a un juicio justo.

Las asociaciones profesionales denunciamos desde hace tiempo la falta de control y la posible violación del derecho a la defensa por el hecho de que se haya dejado la puerta abierta a que personas sin la formación adecuada puedan interpretar.

Australia, el modelo a seguir en interpretación judicial

En Australia ya van por la segunda edición de Estándares para trabajar con intérpretes en los tribunales. En 2009 crearon un grupo de trabajo entre el mundo académico, profesional y judicial para ordenar el sector, ya que había una gran diversidad de maneras de hacer por todo el país. El proyecto se fue ampliando y, finalmente, en 2017 se materializó en la primera edición de los Estándares para trabajar con intérpretes en los tribunales.

Desde entonces, se creó una acreditación profesional gestionada por la Asociación profesional de traductores e intérpretes (NAATI), que garantizaba también una formación para lenguas «exóticas» en las que no había profesionales ya formados. Así se garantizaba el pleno derecho a la defensa. También se encargaron de hacer formaciones, no solo a los intérpretes judiciales, sino a todos los agentes implicados en un juicio: jueces, abogados, etc. para que aprendieran a colaborar. Se puso negro sobre blanco cosas tan obvias para los profesionales como que se debía facilitar documentación previa a los intérpretes o que, para juicios largos, se harían equipos de dos intérpretes.

Además, se acordó que las tarifas variarían según la calificación del profesional. Finalmente, se estableció un protocolo para trabajar con intérpretes en los juzgados a escala nacional.

El documento australiano incluye estándares recomendados para cada persona implicada en un proceso (jueces y abogados, intérpretes, personal del juzgado, etc.). Y se completa con varios apéndices como el que establece los requisitos legales que obligan a contar con un intérprete en el procedimiento, estrategias para hablar un inglés más sencillo, cuáles son las lenguas más usadas en Australia y qué pueden hacer los miembros del juzgado para ayudar al intérprete, o qué hacer en caso de interpretación de lenguaje de signos.

La segunda versión (publicada en 2022) ha analizado las dificultades de implementación y ha propuesto algunos puntos de mejora, como una mayor concientización de la jerarquía de contratación (buscar antes a los intérpretes con mayor formación) y más información al público en general sobre dichos estándares.

Por supuesto, no ha sido un camino fácil, pero ahora hay una mayor consciencia sobre el trabajo del intérprete en sede judicial por parte de todas las personas implicadas. La calidad del servicio ha mejorado y existe la posibilidad de dar feedback sobre el profesional.

Suecia, otro gran ejemplo

En Suecia también han solucionado bastante bien el tema. El principio de legalidad establece que todas las partes se deben hacer entender. Por lo tanto, deberá haber un intérprete en caso de que alguna de las partes hable otro idioma, sea sorda…

En 2017 redactaron una Guía para trabajar con intérpretes en la que se indican claramente las normas y regulaciones, las cualificaciones necesarias de los intérpretes, cómo reservar sus servicios, etc. Suecia también distingue entre los casos penales y administrativos. En los penales, el tribunal (a través de un coordinador en el juzgado) llama directamente a intérpretes autorizados, mientras que para lo administrativo son las partes quienes lo ponen.

Existe una escala, según la formación del intérprete, que influye también en la tarifa aplicada. El intérprete puede ser a) un intérprete jurado autorizado; b) un intérprete autorizado; c) una persona formada; d) una persona con o sin formación. Siempre hay que buscar la más alta cualificación.

Por otro lado, al ser un país tan grande y poco poblado, no hay garantía de tener intérpretes a proximidad de todos los juzgados. De ahí que se aprovechen los avances tecnológicos y se permita la interpretación por videoconferencia, que se llevará a cabo desde una sala para videoconferencias en un tribunal cercano. Por otro lado, para juicios largos se prevén dos intérpretes y no es raro recurrir a la interpretación simultánea.

Se deberá facilitar información previa sobre el caso y proveer salas de descanso a los intérpretes. Por otro lado, el intérprete podrá aconsejar sobre la manera como se desarrollará la interpretación.

Por supuesto, hay agencias en liza, pero las tarifas son las mismas se trabaje directamente para el tribunal o para una agencia.

Como elemento de control, el tribunal puede valorar al intérprete, y se pueden presentar quejas sobre la labor de los intérpretes.

Modelos a seguir en interpretación judicial

Australia ha sido una pionera en este ámbito, pero tanto esta como Suecia son dos ejemplos de éxito de los que deberíamos inspirarnos todos. Por supuesto, el camino no ha sido siempre fácil, pero la calidad del trabajo de todas las personas implicadas ha mejorado sensiblemente, y el derecho a la defensa se ha garantizado.

Creo que deberíamos aprovechar el impulso de estos dos países, adaptar a nuestra realidad todo el trabajo que han hecho para tender a la excelencia en la interpretación judicial, un servicio en el que hay mucho en juego.

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