La semana pasada se desató un nuevo escándalo en las redes en el que, una vez más, el trabajo de un lingüista profesional, en este caso una traductora, era cuestionado.
Puigdemont y su equipo jurídico presentaron una demanda contra Pablo Llarena ante los tribunales belgas en la que unas declaraciones que hizo el juez tras participar en una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero estaban mal traducidas, dando pie a una interpretación totalmente distinta de las palabras del juez.
En sus primeras declaraciones imputaron el error a la traducción y Delia Saavedra, la traductora jurada que se encargó de realizar la traducción del francés al español –y no del español al francés, como muchos pensaban y los abogados de Puigdemont dieron a entender– tuvo que salir al paso para defender su profesionalidad y su trabajo.
Sin entrar en polémicas, como se comenta en el comunicado que ha publicado la Asociación Profesional de Intérpretes y Traductores Jurados y Judiciales, según la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan normas sobre los exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado, los traductores jurados certifican con su sello y firma la fidelidad y exactitud de sus actuaciones. Además, deben acompañar una copia del original objeto de traducción, sellado y fechado en todas sus páginas, a efectos de comprobar la autenticidad de dicho original.
Este asunto pone de manifiesto la delicadeza del trabajo que desempeñan los traductores jurados y la importancia de contar con una revisión exhaustiva para asegurar la fidelidad de la traducción al original. Ahora bien, en este caso, la polémica se podría haber zanjado si se hubiese difundido el original que tradujo la profesional firmado y sellado junto a su traducción. Lo triste del asunto es que lo primero que se haya hecho en este caso (y en tantos otros) es cuestionar la integridad profesional de nuestra compañera. Estamos convencidas de que no debe ser una vivencia nada agradable.
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